La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) reclamó este viernes al Gobierno que incluya en el Real Decreto de medidas para aplacar la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio la congelación del precio del alquiler de contratos en vigor, una prórroga automática de 3 años para los 600.000 contratos que se extingan el este próximo año, y recuperar la moratoria antidesahucios
El próximo martes el Gobierno presentará previsiblemente tras el Consejo de Ministros un decreto con medidas para hacer frente a los efectos de la guerra. Ante la posibilidad de que no incluya ninguna de protección para las inquilinas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas recordó que la vivienda es el principal gasto que tienen los hogares españoles, destinando más del 50% de los salarios al pago del alquiler, llegando en algunas ciudades como Málaga, Barcelona o Madrid a suponer el 71% de los salarios de las familias.
Por ello, una de las medidas que exige la CSI es la congelación inmediata de los precios de los alquileres a través de la eliminación de las actualizaciones anuales, actualmente definidas por el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAB).
A su vez, este año vencen 600.000 contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de personas en todo el Estado y que pueden verse en la calle si el gobierno no actúa de urgencia en un contexto inflacionista, por ello debe establecerse una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, tal como se hizo en el paquete de medidas para frenar la inflación durante la guerra de Ucrania.
Del mismo modo, la confederación señaló que es urgente recuperar la moratoria antidesahucios para evitar un pico de expulsiones sin precedentes de familias vulnerables que no tienen alternativa habitacional. A estos 60.000 procedimientos judiciales de desahucios que se están reactivando, deben sumarse los procedimientos judiciales por impago de hipoteca que puede provocar la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
Explicó que los conflictos bélicos en zonas energéticamente estratégicas, como el actual en Irán, suponen un movimiento que desencadena una mayor tensión en los alquileres de las ciudades y la entrada en España, como país seguro dentro de la UE, de capitales extranjeros, refugiando sus inversiones en el sector inmobiliario.
«Esto supone una tormenta perfecta para la acaparación de inmuebles por parte de los Fondos Buitre que buscan especular con un bien de primera necesidad, como es la vivienda. Si la vivienda es el cuarto pilar del Estado del bienestar, el Gobierno y los partidos que apoyen este decreto deben responsabilizarse de abordarlo como tal. Sería incomprensible que medidas como limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto», sentenció.
(SERVIMEDIA)
