La pobreza severa golpea con más fuerza a inquilinos, menores, migrantes y personas con discapacidad, según el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’
La pobreza severa continúa siendo una realidad estructural en España y afecta de manera desigual a distintos grupos sociales. Así lo revela el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), que analiza los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida. El documento confirma que el 15,1% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado se encuentran en pobreza severa, frente al 5,4% de quienes residen en una vivienda en propiedad. La vulnerabilidad también se dispara entre niños y adolescentes (12,5%), personas extracomunitarias (21,7%) y personas con discapacidad (13,5%).
En términos generales, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se situó en 2025 en el 25,7%, una décima más que el año anterior. Esto significa que 12,6 millones de personas viven en España en situación de pobreza o exclusión. La cifra lleva más de una década sin bajar del 25%, lo que evidencia un problema estructural que no mejora al ritmo necesario.
La estabilidad del indicador Arope se explica por la evolución igualmente estable de sus tres componentes: la tasa de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1%) y la baja intensidad en el empleo (8%). Aunque la tasa de pobreza se sitúa en su valor más bajo de la serie histórica, todavía afecta a 9,6 millones de personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa afecta a cuatro millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los trece bienes y servicios básicos que mide este indicador.
El informe advierte de que España está muy lejos de los objetivos de la Agenda 2030. Para cumplir con la meta fijada para 2025, la tasa Arope debería haberse reducido al 19,1%. Esto implicaría que 3,2 millones de personas tendrían que haber salido ya de la pobreza o la exclusión social.
La vivienda, epicentro de la desigualdad
Uno de los elementos más determinantes es la vivienda. El informe señala que el 43,6% de quienes viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 19,5% de quienes residen en propiedad. La tasa de pobreza entre inquilinos asciende al 32,6%, más del doble que entre propietarios (14,5%).
La falta de vivienda social agrava la situación. España cuenta con un parque público del 3,3%, muy por debajo del 9% de media europea, lo que deja a los hogares con menos recursos atrapados en un mercado privado cada vez más inaccesible. De hecho, las personas en situación de pobreza destinan de media el 34,2% de sus ingresos a gastos relacionados con la vivienda, porcentaje que supera el 50% entre quienes alquilan a precio de mercado.
La sobrecarga económica es especialmente grave: la mitad de las personas en pobreza severa destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda. A ello se suma la pobreza energética, que afecta al 15,9% de la población, incapaz de mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno. Además, el 41,5% de quienes viven en pobreza necesitan mejorar el aislamiento o la calefacción, pero no pueden permitírselo.
El informe también revela que el 7,1% de la población adulta ha vivido alguna situación de sinhogarismo a lo largo de su vida, lo que equivale a 2,9 millones de personas.
Infancia, migración y discapacidad: vulnerabilidades acumuladas
La pobreza infantil continúa siendo uno de los grandes desafíos. Uno de cada tres menores (33,8%) está en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 28,4% vive bajo el umbral de pobreza. La pobreza severa afecta al 12,5%, muy por encima del 8% del conjunto de la población.
Los hogares con hijos presentan una tasa Arope del 29,9%, que se dispara en los hogares monoparentales: una de cada dos personas está en riesgo de pobreza, y el 22,3% vive en pobreza severa.
La población migrante extracomunitaria también sufre niveles muy elevados de exclusión: el 53,5% está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las personas con discapacidad tampoco escapan a esta realidad: el 32,2% está en Arope y el 13,5% en carencia material severa.
Un Estado del bienestar insuficiente
El informe reconoce que las prestaciones públicas evitaron que 11 millones de personas cayeran en la pobreza, pero advierte de que el sistema español es menos eficaz que el de otros países europeos. Tras las transferencias, España reduce la pobreza al 19,5%, frente al 13% de Irlanda o el 16,3% de Francia.
EAPN-ES reclama reforzar el escudo social, mejorar el Ingreso Mínimo Vital, garantizar rentas a lo largo de todo el ciclo vital y proteger especialmente a la infancia. Sin medidas más ambiciosas, advierte, España seguirá lejos de los objetivos europeos y de una sociedad más justa.
Fuente SERVIMEDIA
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