Tras aceptar enmiendas del grupo popular, la edil socialista Rosa del Mar Rodríguez se gana el acuerdo del plenario para tratar de frenar “el limbo burocrático” en el que se ven “más de 30.000 malagueños y malagueñas que sepamos por cifras de 2023, ahora serán muchas más personas”, que deben esperar hasta 42 meses para disfrutar de sus derechos mientras advierte que “muchas evaluaciones se realizan por teléfono por la falta de espacio”
La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, responsable del área de Derechos Sociales en este grupo, ha conseguido el apoyo de todos los partidos en el Ayuntamiento de Málaga para exigir a la Junta de Andalucía “que agilice la valoración de la discapacidad”, puesto que “hay más de 30.000 malagueños y malagueñas atrapados en un limbo burocrático, con esperas de hasta 42 meses” sólo para obtener una cita.
Son datos del Defensor del Pueblo Andaluz a fecha de septiembre de 2023, ya que la Junta no ha publicado la actualización. La responsable socialista ha advertido que estas valoraciones médicas del grado de discapacidad son “imprescindibles” para el acceso a la atención Temprana, mientras que “muchas de ellas” se están realizando vía telefónica “por la falta de espacio” para que los profesionales evaluadores puedan trabajar.
De esta forma, tras aceptar enmiendas del grupo municipal popular, Rosa del Mar Rodríguez ha conseguido el sí del Ayuntamiento de Málaga para instar a la Junta de Andalucía “a solucionar de forma urgente el colapso en los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad”, porque la situación es «insostenible y sangrante. Cómo es posible que decenas de miles de malagueños soporten demoras superiores a los tres años y medio para una simple revisión de su grado de discapacidad”, ha aseverado la socialista, “personas que ven vulnerados sus derecho más básicos debido a la inacción del gobierno autonómico”.
La edil ha puesto rostro a las cifras relatando casos reales, pero ocultando sus nombres por protección de datos, como el de “una mujer con esclerosis múltiple que solicitó la revisión en junio de 2022 y ha sido citada para mediados de 2026, o el de una auxiliar de ayuda a domicilio de 63 años con artrosis, citada para febrero de 2026 tras pedir su valoración en 2022”. La socialista ha recriminado además que las valoraciones se están realizando “en muchos casos a distancia”, una “televaloración precaria en la que se pide a los pacientes “por teléfono que cuenten del 1 al 10 o se les pregunta si se puede poner a la pata coja”, ha explicado Rosa del Mar Rodríguez. “Esa es la gestión que está haciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía. A los trabajadores veteranos los mandan a casa a hacer las valoraciones por teléfono y ubican a los nuevos en los puestos que físicamente tenían los anteriores».
El bloqueo de derechos fundamentales
La concejala socialista recuerda que el certificado de discapacidad “no es un simple papel”, sino la llave de acceso a derechos fundamentales. «Sin este certificado no hay acceso a ayudas de vivienda, bonificaciones fiscales, becas o adaptaciones del puesto de trabajo», ha explicado la edil, quien ha señado que “es especialmente grave la situación para los menores”, porque sin el dictamen, los niños no pueden acceder a la Atención Temprana pública, obligando a las familias a costear terapias privadas inasumibles para muchos. «Un mes de trabajo perdido con los niños es un mes que ya no se recupera. Son casos sangrantes», ha añadido.
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