La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reitera su respaldo a la convocatoria de movilizaciones entre la plantilla municipal del Ayuntamiento de Mijas ante el bloqueo persistente y estructural de las negociaciones por parte del equipo de gobierno. Tras más de dos años de inacción, imposiciones y falta de diálogo por parte del Área de Recursos Humanos y la alcaldesa del municipio, la situación de deterioro de los derechos laborales ya es insostenible.
Ante la nula voluntad negociadora por parte del Ayuntamiento, el comité de empresa y la junta de personal, siguiendo el mandato de los trabajadores reunidos en asamblea, han acordado la convocatoria de una jornada de huelga el próximo 26 de marzo, respaldada por las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, UGT, UPLB y SIP-AN. La plantilla ya protagonizó una concentración el pasado sábado 28 de febrero frente al Teatro Manuel España, coincidiendo con los actos de celebración del Día de Andalucía, para denunciar la pérdida de derechos que están sufriendo y la falta de personal en diversas áreas, con el consiguiente menoscabo de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
CSIF subraya que estas movilizaciones son la respuesta a la inacción permanente del equipo de gobierno y a la ausencia de una negociación real y efectiva, que está provocando un deterioro continuado de las condiciones laborales, y exige que sin más dilación se retome el proceso de estabilización conforme a la Oferta de Empleo Público de 2022, “evitando modificaciones que únicamente contribuyen a retrasar un procedimiento que es esencial para reducir la temporalidad”.
Cabe recordar los diversos pronunciamientos judiciales favorables que dan la razón a los trabajadores contra el Ayuntamiento de Mijas y que han declarado nulas de pleno derecho las modificaciones de las plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización sin procedimiento legal ni negociación sindical. Sin embargo, el equipo de gobierno, lejos de ejecutar las sentencias y actuar con transparencia y responsabilidad, ha optado por recurrir cada fallo judicial, agravando y eternizando el conflicto y perjudicando a decenas de trabajadores.
Igualmente, para CSIF, es fundamental que se reestablezca una negociación real y efectiva del convenio colectivo, en situación de ultraactividad desde 2015, con el compromiso firme de alcanzar un acuerdo en un plazo razonable, y teniendo en cuenta las características de un municipio de gran población como Mijas. La negociación del convenio es esencial para abordar, entre otros, la actualización retributiva, el desarrollo efectivo de la carrera profesional, y la implantación de un plan de formación estructurado.
La cultura de la imposición, que ha marcado la gestión en materia de recursos humanos durante los últimos años, también ha dinamitado la confianza de los trabajadores en la buena fe negociadora por parte del Ayuntamiento. Por ello, los representantes de los trabajadores reclaman la derogación de actuaciones y decisiones relativas a adjudicaciones y amortizaciones de plazas, así como de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y retributivas aprobadas sin acuerdo en una mesa de negociación real con la parte social.
Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento al equipo de gobierno para que rectifique de inmediato, convoque los órganos pertinentes y se siente a negociar con voluntad real de acuerdo, evitando que la situación se agrave. La plantilla municipal no puede seguir asumiendo las consecuencias de la falta de planificación y de la ausencia de diálogo.
Si persiste la situación de bloqueo, el próximo 26 de marzo será la primera jornada de huelga, a la que están llamados cerca de 900 trabajadores, y a la que seguirán más paros y movilizaciones contra la precariedad y pérdida de derechos en el Ayuntamiento de Mijas.
Finalmente, CSIF insiste en que la falta de negociación, la ausencia de diálogo social y las decisiones tomadas al margen de los órganos de representación han generado desconfianza, inseguridad y un deterioro institucional evitable; y recuerda que la única salida sostenible es la negociación y el respeto a los principios constitucionales que rigen el empleo público.
