El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este viernes que va a pedir a la Unión Europea implantar un nuevo impuesto del 2% anual a los ultrarricos con el fin de fortalecer el pilar social comunitario en un momento en el que está siendo «cuestionado» por partidos de extrema derecha.
Así lo dijo Bustinduy antes de participar este viernes en el Consejo EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) de la Unión Europea que se celebra en Chipre con el propósito de «demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad”.
En esta línea, el ministro defenderá la necesidad de «reinventar el modelo de bienestar» y fortalecer las políticas sociales como “la mejor respuesta para hacer frente a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos de nuestra época».
A partir de esta idea, la de que Europa garantice unos servicios públicos de calidad y un sistema fiscal justo para financiarlos, Bustinduy planteará ante el resto de ministros presentes en este consejo europeo la necesidad de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros, aplicando así la conocida como ‘tasa Zucman’, apellido del economista que la ideó y con quien se reunió la pasada semana en París.
El ministro considera que esta tasa es «decisiva’ para fortalecer las democracias europeas haciendo una apuesta «decidida» por la cohesión social, distribuyendo la riqueza para reducir desigualdades y fortalecer los derechos sociales. “Un sistema fiscal más justo y eficaz es la respuesta que la UE debe dar a la concentración de riqueza y poder de magnates que se permiten amenazarla», estimó al respecto, convencido de que el «futuro» de Europa «pasa por seguir construyendo y ampliando las políticas sociales que han permitido fundar un horizonte colectivo de certeza, bienestar y seguridad”.
En paralelo, recordó que solo en España la aplicación de la ‘tasa Zucman’ permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea.
A juicio del gabinete de Bustinduy, con esa cifra se podría «reforzar» la lucha contra la pobreza infantil en España con la adopción de una prestación universal por crianza, una de las acciones «prioritarias» incluidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros.
Por ello, durante su intervención en el debate político sobre la futura Estrategia de la UE contra la Pobreza, Bustinduy también va a defender este viernes la necesidad de aprobar «lo antes posible» una prestación universal por crianza, que valora como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil.
En este contexto, Bustinduy tiene previsto reunirse con el ministro de Protección Social de Irlanda, Dara Calleary, por ser uno de los países europeos en los que esta prestación ya está en marcha.
En relación con la prestación universal por crianza, Bustinduy expondrá que esta medida debe ir de la mano de un modelo fiscal más justo, redistributivo y progresivo y va a remarcar que «no es una ayuda sino un derecho de ciudadanía» y, por tanto, debe ser universal.
CUIDADOS
El segundo bloque de la jornada estará centrado en los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo y, en este ámbito, Bustinduy hablará de los nuevos retos para las democracias europeas que plantea la evolución demográfica, con poblaciones en las que la esperanza de vida cada vez es mayor, lo que requiere un cambio en el modelo de cuidados más centrado en las personas y en sus necesidades.
Consciente de que envejecer «es un logro democrático”, el titular de Derechos Sociales subrayó que la «prioridad» del Gobierno en esta materia debe ser consolidar un sistema público de cuidados que deje atrás el modelo asistencialista y poder garantizar la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia. “Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran”, resolvió.
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