Entre el estruendo mediático que oculta los enemigos reales y los principales peligros que enfrentamos, llegan desde los poderosos países europeos, casi inaudibles, propuestas de recortes a las pensiones públicas. Y a la vez, estruendosamente, nos repiten de manera machacona, que las pensiones son “insostenibles” y que es necesario aplicar nuevos recortes y retrasar la edad de jubilación. Frente a tales ataques la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) defiende el blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental porque es la mejor defensa del Estado del Bienestar.
Vientos europeos nos hielan las pensiones
Una ola de recortes del Estado de Bienestar, impulsada por las políticas trumpistas de rearme, recorre Europa con las pensiones en el centro de los ataques. En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha prometido un “otoño de reformas” con propuestas que van desde elevar la edad de jubilación a los 70 años hasta un impuesto especial a los pensionistas, y recortar suplementos. En Francia, han tenido que aplazar la reforma para subir dos años la edad de jubilación y aumentar el periodo de cotización hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, y en Dinamarca ya se habla de subir de 67 a 69 años la edad de jubilación.
La misma Comisión Europea se ha sumado a esta ola con una propuesta para vincular las reformas de las pensiones a los pagos en efectivo de los fondos europeos. Y altos directivos de la Comisión consideran “insostenibles” los sistemas públicos de reparto como el español y pretenden recomendar su sustitución, al menos parcialmente, por planes privados de pensiones. Es la llamada “privatización silenciosa” de las pensiones públicas.
Se avecina una contrarreforma de las pensiones
Estamos viviendo un momento internacional de recortes y de cuestionamiento del sistema público de pensiones. Esto ocurre en varios países europeos, en Iberoamérica y en Estados Unidos. Son tiempos de turbulencias económicas y de disputas entre modelos que ponen en riesgo derechos sociales construidos durante décadas. Frente al valor universal que la ciudadanía otorga al sistema público de pensiones, existen intereses que buscan deteriorarlo, desprestigiarlo o reducirlo para que la privatización —total o parcial— parezca inevitable.
Lo más preocupante es el método: una reforma silenciosa, una serie de cambios pequeños pero constantes, como un “sirimiri” que cala sin que uno se dé cuenta. La forma paulatina en la que pueden producirse estos recortes exige una respuesta clara y contundente: blindar las pensiones en la Constitución, prohibir su privatización y garantizar la protección del poder adquisitivo.
Nuestro sistema público de pensiones es sostenible
El sistema público de pensiones español es absolutamente sostenible. Lo es tanto como cualquier otra partida del gasto público del Estado. Su continuidad depende exclusivamente de una decisión política, no de una imposibilidad técnica o económica. Resulta curioso que nadie cuestione si es “sostenible” el Ministerio de Defensa, la Casa Real o cualquier otro ministerio, y sin embargo ese argumento se usa constantemente contra las pensiones, un sistema admirado en nuestro entorno europeo por su solidez y por su capacidad redistributiva.
España es un país con 49 millones de habitantes, la decimocuarta potencia económica del planeta, con un nivel de productividad creciente y un PIB que se ha multiplicado en las últimas décadas. Un país con suficiente capacidad de generar riqueza para sostener el sistema público de pensiones y, de hecho, para mejorarlo de manera significativa.
Desde una perspectiva económica, la sostenibilidad reside en el aumento de la productividad que compensa la reducción de la población activa. Pasó, por ejemplo, con la agricultura en los años 50, cuando la población trabajadora se redujo drásticamente, pero la producción aumentó. Lo mismo ocurre ahora: cada trabajador es más productivo y genera más riqueza. La verdadera discusión es qué se hace con esa riqueza y cómo se distribuye.
Dividir a nietos y abuelos es feo y falso
Si hay algo repugnante es la constante campaña para generar la división entre los jubilados y los jóvenes. Se utiliza deliberadamente. Un enfrentamiento generacional muy eficaz para favorecer políticas de privatización. Se intenta enfrentar a jóvenes contra pensionistas, a quienes cobran la pensión máxima contra quienes cobran la mínima, e incluso a las no contributivas frente a las pensiones contributivas. Son divisiones artificiales y peligrosas, porque rompen la esencia solidaria e intergeneracional del sistema.
La realidad es que somos 49 millones de pensionistas, presentes y futuros. La única brecha real no es entre jóvenes y mayores, sino entre una minoría que posee grandes fondos privados -directivos que acumulan fondos de pensiones de decenas de millones de euros- y la inmensa mayoría de la población, que forma parte del sistema público, solidario, interterritorial e intergeneracional.
Eduardo Madroñal Pedraza
