Los socialistas llevarán a pleno la moción “que ha obligado al PP a transigir para devolver a las familias más de 1,8 millones de euros” por “cobros injustificados” por lecturas erróneas del consumo y redondeo “al alza”, a la vez que elevarán a la sesión plenaria la defensa de los trabajadores de FCC y Aqualia, concesionarias de servicios en la Empresa Municipal de Aguas (EMASA)
El Grupo municipal socialista ha forzado al Ayuntamiento de Málaga a reconocer que se han facturado en exceso 478.041 facturas afectadas por un importe de 1.971.974 millones, a razón de 27,2 euros por factura y hogar, por “cobros indebidos” del suministro de agua y saneamiento en los domicilios de la ciudad. Los socialistas han forzado al equipo de gobierno, “con el trabajo de meses y la moción que llevamos a este pleno ordinario”, el del próximo jueves, a “reconocer sus errores”, fruto de la “mala gestión y los fallos informáticos de EMASA”, que han inflado “artificialmente” el recibo del agua desde el año 2013 a 78.000 usuarios de la red.
Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, acompañado de la responsable de la moción y del área de la consejera de EMASA en el PSOE, la viceportavoz socialista Begoña Medina, junto a concejales del grupo y una veintena de empleados de las contratas FCC y Aqualia que trabajan para la empresa municipal de agua, en huelga por “atentados a sus derechos laborales”. Pérez ha denunciado que la ciudadanía “lleva años soportando un tarifazo inasumible por la acumulación de consumos de hasta cuatro meses en una sola factura” y ha exigido “un informe completo desde 2013” para asegurar “que no haya más ciudadanos afectados”.
Aunque ha celebrado que el Consejo de Administración, que tendrá lugar este miércoles, apruebe la regularización automática, el líder socialista ha advertido que “el nuevo sistema informático no estará operativo hasta finales de 2027”, por lo que ha reclamado “suspender de inmediato la facturación acumulada, garantizar un recálculo justo que distribuya el consumo proporcionalmente y establecer mecanismos automáticos de compensación”. Junto a esta reivindicación vecinal, Pérez ha mostrado su “rotundo apoyo” a los trabajadores de las subcontratas FCC y Aqualia que llevan veinticuatro días de huelga y ha instado al regidor, Francisco de la Torre, “a mediar de forma urgente para frenar las coacciones empresariales” y los recientes despidos en un servicio esencial para la ciudad, que han sido dos el pasado domingo.
La viceportavoz socialista, Begoña Medina, que defenderá la moción ordinaria el próximo jueves, ha recordado que el PSOE “ya llevó al salón de plenos en diciembre 2025 este problema creciente con los fallos en la telelectura de contadores”, una iniciativa que el Partido Popular tumbó con su mayoría absoluta. Medina ha ilustrado el grave perjuicio económico que sufren los usuarios con el caso de un matrimonio de jubilados que pasó de pagar 64 euros bimensuales a recibir un recibo de 254 euros, “una situación de pánico y desesperación provocada porque EMASA acumuló de golpe cuatro meses de consumo y facturó 55 metros cúbicos de una sola vez, empujando 35 de esos metros al bloque 4, el tramo tarifario más caro y penalizador”. La desesperación de esta pareja de jubilados, que llamaron a la puerta del grupo socialista, no fue la única. “Hemos recibido docenas de solicitudes de ayuda para contener estos cobros exagerados”, ha explicado Medina.
La edil socialista ha añadido que “incluso las facturas corregidas posteriormente por la empresa municipal, con importes de 164 euros, siguen incluyendo cobros indebidos”, por lo que considera gravísimo que el sistema “carezca de alarmas ante subidas tan repentinas” y traslade “injustamente” a la ciudadanía la carga de detectar el error y reclamar.
En esta misma línea de protección de los servicios públicos, la edil ha cargado contra la actitud de FCC y Aqualia por “acumular beneficios millonarios” con multitud de adjudicaciones de contratos públicos “a la baja mientras condenan a sus operarios a salarios por debajo del mínimo interprofesional”, vulnerando el pliego de condiciones al desatender el mantenimiento de la red hídrica y exigiendo la readmisión de los trabajadores represaliados, que son dos que se encontraron despedidos por ambas empresas el pasado domingo, en plena negociación sindical.
Finalmente el delegado de personal de FCC y Aqualia, Diego Rico, ha intervenido en la rueda de prensa de los socialistas para describir la “dramática situación que sufren los operarios tras casi un mes de movilizaciones sin que la dirección muestre voluntad real de encauzar la situación”. El representante laboral ha lamentado que “la compañía respondiera a una propuesta flexible de paz social por parte de la plantilla con el despido arbitrario de dos compañeros y la sanción injustificada a diez operarios por cumplir los servicios mínimos pactados con la Junta de Andalucía”.
Rico ha expuesto que el presupuesto del contrato municipal se ha duplicado desde los 978.000 euros hasta rebasar los 2 millones de euros sin que esa inyección económica sirva para “mejorar la vida de quienes trabajan bajo cualquier alerta meteorológica y en turnos ininterrumpidos los 365 días del año”. Para terminar ha reprochado la pasividad del Ayuntamiento ante una concesionaria “que extorsiona a quienes garantizan el mantenimiento de Málaga con dinero público” y ha reclamado una “intervención municipal rápida y decidida” para desencallar el conflicto “de una vez por todas”.
