El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23-F. La medida, según destacó el propio presidente, busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y avanzar en la transparencia institucional.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Sánchez subrayó que “la memoria no puede estar bajo llave”, en referencia a la necesidad de abrir al público información relevante sobre uno de los episodios más determinantes de la historia reciente de España. El presidente añadió que la democracia “debe conocer su pasado para construir un futuro más libre”, agradeciendo además a “quienes abrieron camino” en la consolidación de las libertades y el sistema democrático.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la desclasificación será efectiva este miércoles, 25 de febrero, fecha en la que los documentos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, cualquier persona interesada podrá acceder a ellos a través de la página web oficial de La Moncloa, donde se habilitará un espacio específico para su consulta pública.
La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecerá mañana una comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para detallar el alcance de la medida, el volumen de documentación que será liberado y los criterios aplicados en el proceso de desclasificación. Según fuentes gubernamentales, se trata de un paso significativo en la política de transparencia y acceso a la información pública impulsada por el Ejecutivo.
La decisión llega en un contexto de creciente interés social y académico por conocer con mayor profundidad los hechos que rodearon el 23-F, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la consolidación de la democracia española. La apertura de estos documentos permitirá a investigadores, periodistas y ciudadanía en general acceder a información hasta ahora reservada, contribuyendo a una comprensión más completa del episodio.
El Gobierno considera que esta iniciativa refuerza el compromiso con la memoria democrática y con el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos que han configurado la historia reciente del país. La desclasificación, además, se enmarca en una línea de actuación que busca fortalecer la confianza en las instituciones y promover una cultura de transparencia.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende cerrar una etapa de más de cuatro décadas en las que parte de la documentación relativa al 23-F permanecía inaccesible. La publicación oficial en el BOE y su posterior disponibilidad en la web de Moncloa marcarán un hito en la apertura de archivos históricos de relevancia nacional.
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