El Grupo Municipal Socialista llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para exigir la máxima transparencia en la adjudicación de viviendas públicas y de precio protegido en Málaga. Una iniciativa que pone el foco tanto en las VPO del Instituto Municipal de la Vivienda como en las promociones impulsadas por el Ayuntamiento mediante colaboración público-privada. “Cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada sea quien decida a quién se le adjudica una vivienda. Debe existir un control exhaustivo por parte del IMV”, ha explicado el portavoz socialista Daniel Pérez.
Esta propuesta socialista llega tras el “escándalo” ocurrido en Alicante con la adjudicación de VPO que le ha costado la dimisión a la concejala de Urbanismo, a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y al jefe de gabinete de la Conselleria de Industria. Pérez ha subrayado que “queremos dar la máxima transparencia y acabar con la sospecha permanente que existe en Málaga. No puede repetirse aquí lo ocurrido en otras ciudades, donde se han destapado irregularidades graves. Málaga tiene el alquiler más caro de España y el mayor crecimiento en compra, aunque el alcalde sigue mirando para otro lado. Exigimos listas claras, información auditada y un control público real en todas las adjudicaciones”.
Además, el socialista ha puesto como ejemplo el caso de la promoción de VPO de la avenida Ingeniero José María Garnica, pendiente de entrega desde hace más de dos años y para la cual los primeros adjudicatarios “no han tenido ni siquiera la opción de elegir la vivienda ni la orientación que querían”. “Queremos saber qué ha pasado con esas viviendas, este oscurantismo no se puede permitir en un organismo municipal”, ha reclamado Pérez además de denunciar el retraso de unas obras “prácticamente finalizadas” pero sin actividad en el solar. “Esto impide que 35 familias puedan desarrollar una vida normalizada y acceder a un derecho básico. En Málaga tener una vivienda se ha convertido en un lujo y el Ayuntamiento no está haciendo nada”, ha lamentado.
Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín, que defenderá la moción en comisión el próximo jueves, ha detallado que pedirá al equipo de gobierno una comisión no permanente de supervisión con representación proporcional de todos los grupos. “Esa comisión debe evaluar los sistemas actuales, los mecanismos de control del acceso a la vivienda y proponer cambios normativos para reforzar la transparencia”, ha señalado. También solicitará al IMV “una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas desarrollados durante los últimos diez años, así como a la contratación de una auditoría externa independiente que permita verificar la corrección de dichos procesos y reforzar la confianza pública en la gestión municipal”.
Martín ha añadido que además se exigirá un informe, en un plazo máximo de tres meses, sobre el Registro Municipal de Demandantes: número de solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos de espera. “Queremos saber cuánto tarda una familia en recibir una vivienda desde que la solicita y establecer mecanismos de prevención de conflictos de intereses, con declaraciones responsables de incompatibilidad para cargos y personal directivo. Lo que pedimos es claridad y justicia para los malagueños y malagueñas que necesitan una VPO”.
En representación de las familias afectadas, el adjudicatario José Fernández ha denunciado “dos años y medio de engaños” por parte del Instituto Municipal de la Vivienda. “Firmamos contrato en julio de 2022 y hemos pagado más de 36.000 euros por familia. Cumplimos todo y recibimos a cambio excusas, falsedades y desprecio institucional”, ha afirmado. Según ha explicado, se les prometió que las viviendas estaban al 92% en 2024, pero la obra sigue prácticamente parada, con apenas dos o tres trabajadores algunos días.
Fernández también ha cuestionado la falta de transparencia en la adjudicación. “Fui de los primeros en elegir y no me ofrecieron todas las viviendas. Yo pedía el último piso, orientación sur, con diferencias de apenas unos miles de euros, y me dijeron ‘esto es lo que hay’. El coste humano es enorme: familias atrapadas en alquileres impagables mientras su vivienda no llega. Llevamos dos años y medio esperando sin una fecha clara. Necesitamos respuestas y soluciones ya”.
