Un 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en España durante 2025 tuvieron su origen en las instituciones europeas.
Así lo destacó la Oficina del Parlamento Europeo en España, en el informe que publica anualmente y en el que señaló que el pasado año el Congreso y el Senado aprobaron un total de 29 leyes. De ellas, señaló, 13 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la UE, es decir, derivan de directivas o reglamentos comunitarios o se enmarcan en el paraguas regulatorio fijado por las instituciones europeas. De esas 13 normativas con origen europeo, 5 traspusieron directivas europeas al ordenamiento jurídico de España o bien se adaptaron a reglamentos europeos.
En concreto, se trató de la ley sobre seguros de automóviles; la ley sobre seguridad; el Real Decreto Ley que completa la transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional; la Ley Orgánica sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia; y la Ley sobre el convenio con la Comunidad Foral de Navarra, que incluye el impuesto del 15% a las multinacionales derivado de una directiva europea.
Las otras 8 leyes aprobadas en 2025 incorporaron referencias o se basaron en disposiciones europeas, es decir, respetaron la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea, aunque no respondieron directamente a un mandato de transposición.
De cara a 2026, se continúa la tramitación de otras 52 iniciativas legislativas, 23 de ellas para transponer directivas o adaptarse a reglamentos.
MÁS TRANSPOSICIONES
En 2025, aunque levemente a la baja, el nivel de influencia de las decisiones europeas en España se mantuvo respecto a años anteriores, con cifras habituales en torno al 50%. Sin embargo, respecto a 2024, aumentó casi el doble la cifra de reales que transpusieron directivas o se adaptaron a reglamentos europeos.
En total fueron 48 las normas sin rango de ley, aprobadas por el Consejo de Ministros para incorporar decisiones europeas, como la creación del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible; la ‘Directiva desayunos’; las nuevas regulaciones en torno al Documento Nacional de Identidad, o lo nuevos requisitos que regulan la vida útil de los neumáticos.
Desde que entró a formar parte de la UE, en 1986, España ha incorporado un total de 6.747 normas europeas, trasladadas al ordenamiento nacional a través de distintas fórmulas legales o normas infralegales.
En estos momentos, y según datos de noviembre de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la cifra de directivas europeas pendientes de transponer en España asciende a 101. De ellas, 51 continúan en plazo para su transposición, mientras que las 50 restantes ya han superado la fecha límite.
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